Según el informe emitido recientemente por el Consejo Consultivo de Castilla y León la encomienda a SOMACYL no es posible al no considerarse un medio propio del Ayuntamiento de acuerdo a la Directiva 2014/24 UE. “SOMACYL no reúne los requisitos para ser medio propio e instrumental para poder llevar a cabo la prestación de servicios energéticos sobre las instalaciones del alumbrado público en la ciudad de Piedralaves”. Dictamen que se produce a raíz de las advertencias que en su momento la oposición puso sobre la mesa ante la posible vulneración de la Ley de Contratos del Sector Público en un proceso “marcado por las prisas del Equipo de Gobierno del Partido Popular, que incluso llegó a convocar un pleno extraordinario para su aprobación” recuerda Mónica Martínez, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Piedralaves.
El convenio se presentó en la Comisión de Obras del pasado 23 de mayo. Un convenio “con muchos puntos perjudiciales para la localidad y sus vecinos”. El contrato, de una duración de 12 años, obligaba al Ayuntamiento de Piedralaves a pagar una cuota anual de 80.932,13€, más un incremento del 2.4% anual, a cambio de la mejora integral, el aumento de la eficiencia energética y la gestión energética de las instalaciones de alumbrado público del municipio. Un convenio “que pese a lo sostenido desde las filas populares, no suponía ningún ahorro real al municipio pero sí proporcionaba unos ingresos suculentos a la administración autonómica a través de SOMACYL y en contra de los intereses de los piedralaveños”.
Por este motivo los grupos municipales de Izquierda Unida y Partido Socialista registraron la solicitud de un informe de Intervención del Ayuntamiento de Piedralaves para que “analizase si el Convenio entre la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL) y el Ayuntamiento de Piedralaves, por el que se quería formalizar la encomienda de gestión relativa al proyecto de mejora integral, tenía encaje legal en la actual normativa, en concreto si podría existir vulneración de la Ley de Contratos del Sector Público”, valorando en qué medida afectaba a la Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (Directiva Contratación), así como la Directiva 2014/23/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión (Directiva Concesiones).
Para Mónica Martínez “el Consejo Consultivo de Castilla y León pone en evidencia el proceder del Partido Popular, evidentemente más interesados por otras cuestiones que los intereses de los piedralaveños y la localidad”.